Nuestro país, la nación peruana, necesita una nueva Constitución producto de una Asamblea Constituyente, que sirva a la democratización de la sociedad peruana en beneficio del pueblo.
Como parte de enfrentar la guerra popular iniciada el 80, entre otras medidas, el Estado Peruano restringió los derechos fundamentales del pueblo, restricción que se ha ido profundizando más en nuestro país tras veinte años de aplicación de neoliberalismo. No queremos volver a la Constitución del 79 ni reformar la del 93, necesitamos una NUEVA Constitución.
2.- Restitución de las libertades, derechos, beneficios, y conquistas democráticas conculcadas. Defender los derechos fundamentales y del pueblo.
Demandamos la derogatoria de las leyes antilaborales, antipopulares, antisubversivas; y, respeto a los derechos del pueblo, los derechos políticos, económicos y sociales y sus derechos fundamentales.
Con la Constitución del 93 se arrasaron los derechos laborales. El Decreto Legislativo Nº 728(Ley de Productividad y Competitividad Laboral) y la Ley 25593(Ley de Relaciones Colectivas) abrieron paso junto a otras medidas al despido arbitrario, los ceses colectivos y la desaparición de las garantías. Exigimos respeto a los derechos de los prisioneros de guerra y presos políticos. Respeto a las Cartas Internacionales suscritas por el Perú.
3.- Libertad económica para el pueblo. Contra el neoliberalismo ya desenmascarado y la globalización manifestación actual del imperialismo. Revisión de los contratos con las empresas monopólicas. Defender los recursos naturales. Producción Nacional y trabajo para el pueblo.
La libertad económica para el pueblo demanda la supresión de las exacciones, impuestos arbitrarios, confiscaciones.
La desocupación es el problema principal del pueblo. El 75% de la PEA es informal, es decir no recibe beneficios laborales (seguro de salud, pensiones, indemnización, etc.) y el 52% está sub empleada.
Existe crecimiento económico pero éste no beneficia al pueblo y la clase obrera sino sólo al imperialismo y la gran burguesía, porque es parte del camino evolutivo del capitalismo burocrático, no es camino del pueblo.
Contra el alza del costo de vida exigimos aumento de sueldos y salarios que cubran las necesidades del trabajador y su familia.
En el Perú los trabajadores no tienen Ley. Desde el 2002 se discute la Ley General de Trabajo. Actualmente están vigentes diversas formas de contratos flexibles, temporales, de corta duración e intermitentes. En el sector público existen regímenes especiales que niegan los derechos laborales de los trabajadores como el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) creado en 2008 como exigencia para la suscripción del TLC con Estados Unidos.
Los recursos naturales son del pueblo y el gas debe llegar a él. Apoyamos la lucha de las comunidades o campesinado contra la minería que acapara y contamina tierras y agua destruyendo la agricultura.
4.- Tierra para el que la trabaja. Contra la concentración de tierras, especialmente en la costa norte y el despojo campesino o de comunidades nativas.
Hay una concentración de la tierra que se da en la costa y en la selva. Son grandes extensiones. No implica que no se pueda dar en la sierra. Hay arrebato por concentración de tierras entre el grupo Oviedo y el grupo Gloria que ya tiene el 50% de las acciones del azúcar. Gloria tiene 60,000 hectáreas en la Libertad y Ancash. El Grupo Romero tiene 20 mil hectáreas en Piura, Huaral y San Martín. Nunca ha habido esos latifundios, pero no es feudalidad, es una concentración de tierras capitalista.
Por otro lado, las casi 150 mil hectáreas de nuevas tierras ganadas con irrigaciones serán transferidas a la gran burguesía y las empresas monopólicas.
Hoy se da un despojo de las tierras de las comunidades nativas para darlas en concesión a los monopolios imperialistas y la gran burguesía compradora, y así, miles de campesinos indígenas pierden sus tierras y son empujados a la miseria; remate de tierras de los campesinos ahogados por deudas bancarias; entrega de los recursos naturales a los monopolios imperialistas y la gran burguesía. Nueva concentración de la gran propiedad agraria de explotación capitalista.
5.- Libertad política. No a la criminalización de las luchas populares y contra la política persecutoria.
Reivindicamos nuestro derecho a participar en la vida política del país conforme al artículo 35º de la Constitución. Estamos en contra de la persecución por ideas y exigimos respeto a nuestros derechos fundamentales a la libertad de pensamiento, opinión y expresión.
Contra la reaccionarización del Estado; no a la aplicación del Derecho Penal del Enemigo en el Perú; exigimos la derogatoria del inconstitucional Decreto Legislativo 1095, expresión de la militarización de la represión de las luchas populares y organizaciones populares el mismo que se complementa con el también inconstitucional Decreto Legislativo 1096 que permite el juzgamiento de policías y militares en el fuero militar por los delitos cometidos en la represión al pueblo, convirtiéndose así en juez y parte para favorecer la impunidad o la aplicación de penas benignas. Rechazamos que se pretenda criminalizar la lucha por amnistía general.
6.- Defender la Nación. Defender la soberanía nacional y la integridad territorial.
La sociedad peruana registra la agudización de la lucha de clases y la subsistencia de problemas no resueltos derivados de la guerra interna; a los que se suman viejos y nuevos problemas sociales, con la peculiaridad que hoy, fundamentalmente se están dando luchas masivas de pueblos. Debemos defender las fronteras, le ha costado al pueblo. El territorio patrio es base material para la construcción del nuevo Estado cuando el pueblo logre su emancipación.
7.- Solución Política, Amnistía General y Reconciliación Nacional.
Se encuentran pendientes de resolver los problemas derivados de la guerra interna iniciada en 1980 en nuestro país y siendo un hecho político la solución tiene que ser política y debe alcanzar a civiles, militares y policías, incluyendo a quienes aún se encuentran alzados en armas. Históricamente la forma de resolver los conflictos políticos y sociales es la amnistía general que sirva a una futura reconciliación nacional. Deben resolverse los problemas de los prisioneros políticos y de guerra, de los torturados, desaparecidos, requisitoriados, expatriados, reparaciones a los damnificados y la derogatoria de la legislación antisubversiva violatoria de las más elementales normas del derecho nacional e internacional. La amnistía general también debe comprender a quienes se encuentren detenidos o procesados por los conflictos sociales ocurridos en nuestro país hasta la actualidad.
8.- Por el respeto a los derechos del pueblo trabajador y explotado.
Derecho a trabajar; contra la desocupación. Derecho a la salud; contra la privatización. Derecho al techo; y servicios de luz, agua y desagüe. Respeto a los derechos laborales; salario, jornada, condiciones de trabajo. Por la emancipación de la mujer como parte de la emancipación del proletariado. Derecho a la educación pública y gratuita; por una educación nacional científica y democrática, problema universitario y prestar atención a los intelectuales del pueblo y los derechos del niño, del joven y del anciano.
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